María M. Delgado *

Azucena y la desmemoria

SURda

 

 

Sobre el peligro de confundir justicia con venganza

 

En homenaje a quienes resistieron la tortura y las cárceles de la dictadura, a 25 años de su liberación. Y a quienes no pudieron, también.

Cuando conocí a Azucena -a secas, como la llamábamos entonces- en 1981, ella era una abogada madura y aguerrida que defendía presos políticos y que había renunciado al Colegio de Abogados por considerar que éste había tenido una postura demasiado complaciente con la dictadura cívico-militar.

Eran tiempos tan duros que desde el presente es imposible imaginarlos a quienes no los vivieron. Defender presos políticos ante la “Justicia Militar” era una causa perdida en un país donde ni siquiera la Justicia Civil funcionaba de manera independiente. Se trataba más bien de una excusa para visitar a los presos y presas (que tenían un régimen de visitas tremendamente restringido), darles apoyo moral, demostrar al enemigo que alguien se preocupaba por ellos/as, presentar algún escrito pidiendo la libertad anticipada cuando alguno estaba gravemente enfermo o en fase terminal... y muy poca cosa más. Azucena fue una de las pocas defensoras que, excepcionalmente, consiguió alguna vez que un preso político muriera en su casa y no en el penal de Libertad.

Esa Azucena que forma parte de mis recuerdos entrañables de los primeros tiempos del SERPAJ, no tiene nada que ver -hace mucho rato ya- con la ex ministra de Defensa que acaba de expresar públicamente sus ideas a favor de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Su metamorfosis podría ser un ejemplo más del efecto perjudicial que tiene sobre las personas la convivencia cercana con las altas esferas y el poder.

En este caso, es una pena que esa convivencia -y al parecer identificación- no haya servido para que la ministra ejerciera su autoridad para obligar a las Fuerzas Armadas a colaborar seriamente con las investigaciones y revelar el destino de los detenidos-desaparecidos asesinados por sus integrantes; o al menos para evitar que hicieran declaraciones mentirosas, confundiendo a las instituciones de gobierno, burlando a la opinión pública, ofendiendo la memoria de sus víctimas y jugando con los sentimientos de familiares y sobrevivientes.

Debería sorprendernos -aunque a esta altura me sorprende cada vez menos- que no haya habido reacciones desde los grupos de derechos humanos, y hasta del propio Poder Judicial (tan sensible siempre a cualquier crítica hacia la corporación), ante las declaraciones de una profesional del Derecho -y ex representante del Poder Ejecutivo- que considera “una venganza” cuando la Justicia actúa con todas las garantías del debido proceso y en consonancia con el Derecho Internacional para sancionar a los responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Las/os sobrevivientes de la represión y los familiares de las víctimas del puñado de criminales de lesa humanidad que hoy están en prisión (mientras cientos de ellos todavía permanecen impunes), las/os defensoras/os de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, tuvimos que esperar más de dos décadas para que por fin se abriera una mínima fisura en el poderoso muro de la impunidad -construido y defendido por el sistema político a partir de 1985-, y para que Uruguay dejara de ostentar el vergonzoso récord de ser el único país del Cono Sur donde ningún militar o ex dictador había siquiera declarado ante un juzgado.

Azucena Berrutti sabe mejor que nadie que si esos “pobres” señores “viejos y enfermos” están hoy en la cárcel (y apenas desde hace un par de años) es porque la impunidad reinante en el país les permitió gozar de los mejores años de su vida en total libertad, viviendo cómodamente cerca de sus víctimas sin tener que rendir cuentas de sus crímenes, y disfrutando de la holgada jubilación que les pagamos las ciudadanas y ciudadanos con nuestro aporte (también el de sus víctimas).

Y ¿qué pensarán los 8000 presos comunes que se hacinan en las cárceles uruguayas como pollos en una avícola moderna -en condiciones de encierro, alimentación e insalubridad que el mismo Relator Especial sobre Tortura de la ONU Manfred Nowak consideró entre las peores que ha visto en el mundo- de que la Dra. Berrutti considere como 'venganza cruel' las condiciones de absoluto privilegio que disfrutan en una cárcel VIP los peores criminales que ha tenido este país en toda su historia?

¿Cómo calificar a un Estado que -a través de su gobierno progresista- les construye una cárcel especial y de lujo a los autores de decenas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, traslados clandestinos internacionales, robos de bebés, y millares de torturas aberrantes, mientras amontona en cárceles inmundas a los miles de hijos del neoliberalismo de los 80 y 90 por robar celulares o vender pasta base al menudeo? (Sí, ya sabemos que hay grandes criminales, y asesinos y violadores en esas cárceles; pero son los menos, como también sabemos).

El flamante presidente José Mujica -quien fue uno de los presos políticos que sufrieron las condiciones más extremas de prisión prolongada, tortura sistemática, total aislamiento y falta de las mínimas garantías- ha expresado en varias ocasiones ideas afines a las de Azucena Berrutti. No debería sorprendernos demasiado que en algún momento de su mandato tome la iniciativa de 'perdonar' a los pocos militares que están procesados por delitos de lesa humanidad. No sería la primera vez que, en esta materia, Uruguay desconoce y viola groseramente el Derecho Internacional de los DDHH. Lo hizo al aprobar la ley de impunidad en 1986, y al ratificarla por voto popular en 1989 y 2009.

Esa normativa internacional -que Uruguay debería cumplir y respetar, por haberla ratificado- establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son amnistiables ni indultables (“tampoco son plebiscitables”, habría que haber agregado, para que los partidarios de la justicia no cometieran dos veces el mismo error), y que los Estados están obligados a investigarlos y sancionarlos con todo el rigor y las garantías de la ley.

En realidad, a ese orden jurídico internacional le tiene sin cuidado lo que la ciudadanía uruguaya haya decidido en las tres instancias mencionadas arriba, porque la ley de Caducidad nació ilegítima desde el punto de vista del Derecho Internacional, y seguirá siéndolo más allá de todas las ratificaciones que tenga en el orden interno. Daría lo mismo que mañana esa misma ciudadanía aprobara por voto popular el retorno de la esclavitud, o ratificara una ley estableciendo que las mujeres no pueden votar. Para la comunidad internacional, Uruguay seguiría siendo un Estado que viola la legislación internacional en materia de DDHH, igual que al mantener la ley de impunidad.

Pero no es buena señal que desde el poder político y sus voceros (o ex voceras) se insinúe que lo poco que se ha podido hacer en 25 años de institucionalidad democrática para combatir la impunidad y cumplir con el Derecho Internacional, es demasiado. Y peor aún que entre ellos/as haya quienes pretenden confundir el actuar limpio de la Justicia con la “venganza”.

Hay que reconocer, no obstante, que a Uruguay su 'inconducta' prolongada y reiterada le ha salido barata hasta ahora, gracias a la debilidad del sistema internacional. Recién este año, y por primera vez, la Corte Interamericana de DDHH va a juzgar al Estado uruguayo por no haber investigado ni sancionado el secuestro, traslado internacional, prisión clandestina y asesinato en nuestro país, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de una ciudadana argentina de 19 años, y el robo de su bebé recién nacida y la sustracción de su identidad, hace 34 años.

Sería conveniente que quienes están pensando desde las altas esferas en algún prematuro 'acto de generosidad' hacia ese puñado de criminales presos tengan en cuenta este antecedente, antes de implementar cualquier medida de perdón que nos vuelva a avergonzar ante la comunidad internacional.

Y más saludable aún sería que la opinión pública que reclama sin cesar “mano dura” contra la delincuencia cotidiana también exprese enérgicamente su alarma ante la amenaza social que representaría dejar en libertad a estos criminales internacionales -sin importar la edad que tengan.

* María M. Delgado fue co-fundadora e integrante de SERPAJ entre 1981 y 1999. Desde 2000 no participa en ninguna organización de derechos humanos en Uruguay.